“La reforma es urgente. Hay temas que convocan, en los que hay bastante acuerdo. Hay nudos centrales”. Así inició su presentación la economista y profesora titular de economía de la Universidad Adolfo Ibañez, Andrea Repetto, en el Foro Empresarial “Pensiones: claves del proyecto”.

Durante su exposición, Andrea mostró las diferencias entre la propuesta realizada por el gobierno de Michelle Bachelet en 2017, versus lo que está presentando el actual gobierno en el proyecto presentado el año pasado.

Según Repetto, los nudos centrales de esta discusión radican en quiénes son las personas vulnerables con pensiones bajas, de dónde vienen los recursos para financiar los beneficios solidarios y quién administra las nuevas cotizaciones.

Los vulnerables del sistema

La economista explicó que hay dos objetivos centrales de un sistema previsional. Uno es evitar la pobreza en la vejez, y otro, evitar que las personas tengan que ajustar su estándar de vida cuando llega el momento de la jubilación.

Para el primero, se mira el monto de la pensión, viendo cuánta plata reciben en comparación a la línea de pobreza. En el otro caso, lo que hacen es mirar la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de la pensión en el ingreso antes de jubilar.

Repetto explicó que son dos puntos diferentes y que la política debe decidir. En 2017, el proyecto enfatizaba la tasa de reemplazo, las caídas bruscas en el estándar de vida. En cambio, la propuesta actual enfatiza la pobreza medida como monto en pensiones.

Son énfasis distintos sobre lo que es la vulnerabilidad. Ambos son válidos, pero es una discusión política que hay que tener, “porque no tenemos los recursos para hacer las dos cosas al mismo tiempo”, dijo Andrea, e insistió en que esta no es una discusión técnica, sino que es una discusión normativa.

Recursos para financiar los beneficios solidarios

La iniciativa de 2017 tiene un costo cercano a los USD 2.600 millones, mientras que el actual es de USD 3.500 millones.

El proyecto de 2017 tomaba USD 1.500 millones de recursos fiscales y otros USD 1.100 de las cotizaciones de los trabajadores. Es decir, 1,5 puntos de las cotizaciones de los trabajadores en régimen se iban a ir a este fondo común. Por eso, el cambio que plantea el proyecto actual es que dependa exclusivamente de los recursos fiscales.

Repetto dijo que en el último año el Ministerio de Hacienda ha tenido dificultad para comunicar claramente la situación fiscal y que hay dudas razonables de que esto se puede financiar con los recursos que existen y los que van a venir.

Además, afirmó que “el crecimiento no genera holguras adicionales, y que es una manera bastante incierta de asegurar recursos para reformas de este tamaño”.

Quién administra las nuevas cotizaciones

El proyecto de 2017 creaba una nueva institución pública, el Consejo de Ahorro Colectivo (CAC). Aquí las cotizaciones las tomaba una sola entidad y se encargaba de licitar su manejo. Según Repetto eso es mucho más eficiente.

En cambio, la última iniciativa considera entregarle estos recursos a las AFP y a nuevos actores en competencia.

“Somos super sobre optimistas de las capacidades que tienen las personas para tomar decisiones activas sobre todo cuando se trata del ahorro para la jubilación. Tenemos evidencia amplia, muy amplia, incluso para Chile, que en estos casos las personas no toman decisiones activas”, afirmó Repetto.

Decisión política necesaria

Repetto reiteró que hay que tomar la decisión política de orden normativo sobre a quién le entregan los recursos.

“Esperar que la gente tome decisiones activas, se incentive, se motive, atrase su jubilación sobre la base de subsidios pequeños, es pedir demasiado. Lo mismo sobre su capacidad para tomar decisiones respecto de cuál va a ser la administradora que va a manejar sus propios fondos”, dijo Andrea.

Para finalizar, la economista dejó planteada la interrogante sobre si es que todo lo que se está haciendo con la reforma a las pensiones es suficiente para lograr la adhesión al sistema que la ciudadanía hoy día no tiene.

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