En Chile, más del 50% de la población indígena corresponde a mujeres. Sin embargo, las políticas públicas destinadas a pueblos indígenas se han articulado exclusivamente en torno a la identidad étnica, sin considerar las diferencias de género ni la realidad de la mujer al interior de estas comunidades.

En esta línea, no causan sorpresa los resultados de las elecciones de consejeros en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la única institucionalidad política para pueblos indígenas en Chile, donde la participación de las mujeres como consejeras electas ha sido históricamente mínima.

En el estudio “Derechos de mujeres indígenas en Chile: aproximándonos a las participación y las políticas públicas”, realizado por las abogadas expertas en pueblos indígenas, Minda Bustamante y Patricia Albornoz, bajo el alero de la Fundación Aitué, se plantea como una falta de especificidad de las políticas públicas hacia la mujer indígena.

En particular, la investigación da cuenta de las dificultades que presentan las mujeres para ser elegidas como miembros del Consejo de la CONADI, junto con su invisibilización en los procesos consultivos que realiza el Estado. La relevancia de esta problemática es aún mayor si se considera que sobre el 40% de las presidentas de las comunidades indígenas son mujeres.

Frente a esta y otras temáticas vinculadas a promover el diálogo intercultural y el apoyo de las políticas públicas en materia de pueblos indígenas, son abordadas por la Fundación Aitué desde 2013 a través del impulso y desarrollo de numerosos estudios.

El más reciente elaborado por Bustamante y Albornoz fue expuesto el pasado 03 de julio en el Conversatorio “Mujeres Indígenas y su Participación en las Políticas Públicas”, organizado por ICARE y la Fundación Aitué, y moderado por Holger Paulmann, director de la corporación.

En este encuentro, realizado en la Sede ICARE, participaron: Minda Bustamante, coautora de la investigación; Isolde Reuque, destacada dirigenta mapuche y encargada de la pastoral mapuche del Obispado de Temuco; Macarena Cea, jefe de Asesores de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio Desarrollo Social y Familia, Francisca Jünemann, abogada, presidenta de la Fundación ChileMujeres, miembro del consejo consultivo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y miembro del comité Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y Carlos Llancaqueo, vicepresidente de Fundación Aitué, abogado y ex subsecretario de Bienes Nacionales.

Mujer Indígena y participación política

Respecto a la participación política de las mujeres indígenas, el estudio plantea la necesidad del fortalecer los espacios de incidencia en distintos niveles para permitirles aportar a la construcción de una política pública que enfrente y represente sus principales desafíos.

En este sentido, Francisca Jünemann sostuvo: “Deberíamos replantear el tema de la participación política de las mujeres indígenas, porque cuando se habla de este tema, muchas veces se piensa solamente en la CONADI, que si bien, es una instancia muy importante como vimos en las cifras, no tiene ninguna consejera hoy en día a pesar de que sobre el 40% de las presidentas de las comunidades indígenas son mujeres”.

A lo anterior, agregó: “Hay que empezar a tener una visión bastante más amplia porque necesitamos la experiencia, la solución a los problemas y nuevas preguntas sobre qué tienen que hacer todas las mujeres en nuestro país y, por supuesto, las mujeres indígenas, en las instancias que son parte del Estado de Chile”.

Por su parte, Macarena Cea, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, señaló: “La participación femenina es un problema transversal en nuestro país en términos generales: a nivel laboral, político, empresarial, pero que, sin duda, con una brecha que se incrementa en ciertos espacios o en grupos específicos, como las mujeres indígenas. Se puede decir que nuestro país tiene una deuda con las mujeres y que el enfoque de género debería ser promovido por todos los sectores: Estado, mundo privado, académico y organizaciones de la sociedad civil”.

La dirigente mapuche Isolde Reuque manifestó que esta situación se explica porque “el Estado chileno a quién ha visibilizado y a quién le ha dado más importancia es al hombre. Se ha dado al hombre un valor superior al de la mujer y con ello, las mujeres estamos bajo ellos. Esto no es nuestro, es algo que llegó de afuera, pero que lamentablemente lo fuimos haciendo nuestro con mucho lenguaje de los que llegaron de afuera”.

Más allá del fomento productivo

Otro aspecto planteado en la investigación es el hecho de que las políticas públicas en torno a las mujeres indígenas se han centrado básicamente en instrumentos de fomento productivo. Si bien este financiamiento ha sido contributivo a escala de pequeños emprendimientos, no ha fomentado otros ámbitos de desarrollo de las mujeres indígenas.

En este sentido, la abogada Minda Bustamante mencionó que uno de los hallazgos fue “la falta de coordinación entre las iniciativas públicas, privadas y la comunidad. Ese debiera ser un punto para ver cómo más allá de los pequeños o grandes proyectos que tienen que ver con el emprendimiento individual, se piense más en lo colectivo y en las necesidades propias de las comunidades, porque todas son distintas”.

Siguiendo esta línea, Isolde enfatizó en el valor que al interior de las comunidades indígenas se le otorga a lo colectivo, una apreciación que no encuentra sustento en las políticas públicas y que se contrapone al carácter individualista de la sociedad contemporánea.

“Lo individual coarta la posibilidad de lo colectivo y esto va quedando relegado. Así no se soluciona el problema de fondo y vamos a la periferia del tema indígena… Hay que ver la importancia de lo colectivo y de lo individual también, pero anexado de lo colectivo”.
Desde otro punto de vista, Carlos Llancaqueo, vicepresidente de la Fundación Aitué, señaló que esta situación también la explica “la captura ideológica que se ha hecho del tema indígena en Chile, lo que no es culpa de los partidos o de las ideologías, sino que nuestra, de los indígenas, porque nosotros nos hemos dejado capturar muchas veces por algunas migajas o por políticas públicas asistencialistas que precisamente lo que hacen es profundizar la pobreza del mundo indígena Chile”.

Política pública pertinente

Finalmente, cada uno de los panelistas destacó políticas públicas que consideran relevantes para generar los espacios necesarios de participación e injerencia de las mujeres indígenas en los temas que les son propios, ampliando la diversidad e inclusión de visiones en diversos temas.

Macarena Cea planteó que “las mujeres indígenas han promovido una agenda de pueblos indígenas y eso contiene demandas muy sentidas que tienen que ver con la institucionalidad y el reconocimiento de los pueblos. Creo que es importante relevar esas demandas porque son históricas”.

Isolde Reuque señaló que, a su juicio, lo que se necesita es que “quienes están en lugares de poder, no sólo el gobierno, sino todos los que están en lugares de poder en las universidades, las instituciones, el banco, las AFP, entre otros organismos, tendrían que tener algo así como el reconocimiento, la vista en la interculturalidad, la pluriculturalidad, asumirlo como de ellos, analizar en qué se ha fallado y cuál puede ser el aporte”.

Por su parte, la abogada Jünemann hizo un llamado de atención porque a su juicio “lo que no puede volver a pasar es que sobre el 40% de la presidencia de las comunidades indígenas estén en manos de mujeres y que ninguna sola mujer el 2018 haya sido elegida como consejera de la CONADI. Hubo un retroceso porque primero hubo tres, después una y ahora, ninguna. Por eso, creo que una política precisa, considerando que la CONADI coordina las políticas públicas con otras instituciones del Estado, debiera plantear cómo hacemos para que este 40% de presidentas de comunidades esté representada y haya un 40% mínimo de mujeres en el Consejo de la CONADI”.

Llancaqueo explicó que desde el punto de vista nacional, una política sería que “el Estado le sacara la mano de encima al mundo indígena. Me refiero a que se deje de hacer políticas públicas con mirada santiaguina, centralista y sin pertinencia local. Hoy día, tanto los conflictos que hay en el norte, como los que hay en el sur, responden a políticas públicas diseñadas en un escritorio, en una oficina en Santiago, dirigidas a control remoto y normalmente diseñadas por personas que nunca han estado en una comunidad indígena o compartido con una. Esto es grave, porque así la política pública no conversa con lo que piensa y siente la persona donde se va a llevar afecto esa política”.

Finalmente, Minda Bustamante sostuvo que precisamente uno de los aspectos que se quería plasmar con este estudio son “las decontrucciones de las políticas públicas, para dejar atrás lo que viene solamente del Estado, sin considerar lo territorial. Por tanto, se podría partir con encuentros en que se analice cómo se entienden conceptos como la autonomía y otros, cómo se traducen a las lenguas indígenas, cómo se entienden desde su cosmovisión y desde lo que necesitan y quieren las mujeres indígenas”.