Doble Click Económico · 14ᵃ edición · “Permisos: Una Agenda Continua”

En septiembre de este año se promulgó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N° 21.770) que busca reducir entre un 30 y 70 por ciento los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales para los proyectos de inversión, sean públicos o privados.

La medida apunta a atraer nuevas iniciativas de inversión sin rebajar los estándares regulatorios y generar un aumento del PIB en un 2,4% en 10 años, según un informe del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial.

En la 14ᵃ edición del boletín “Doble Click Económico: Más que una columna”, impulsado por el Círculo de Economía y Finanzas de ICARE en conjunto con la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, el economista y académico de la casa de estudios, Raphael Bergoeing, destaca la aprobación de la iniciativa legislativa y el avance que representa para el sistema. Sin embargo, plantea que “sería un error asumir que esta reforma agota la agenda”.

En este número, el doctor en Economía de la Universidad de Minnesota analiza el sistema de permisos en Chile a partir de un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP). Este procesó 1.336 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y sus correspondientes obligaciones emitidas entre 2015 y 2024 para proyectos de energía y minería.

La conclusión es relevante: “la carga regulatoria ambiental casi se triplicó en una década, sin evidencia sistemática de mejoras proporcionales en protección”, plantea el autor.

Para enfrentarla, Bergoeing propone desarrollar una agenda permanente que se sustenta en cinco pilares:

1. Medición de la carga regulatoria.
2. Transitar hacia regulaciones basadas en riesgos y resultados.
3. Homologar criterios y fortalecer capacidades institucionales.
4. Reformar el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y modernizar el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
5. Crear una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad.

Asimismo, identifica cuatro factores que no han sido incorporados en la estructura del sistema de permisos. Así, en su conjunto, el autor considera que nuestro país podría avanzar hacia un “ecosistema regulatorio moderno, eficiente y ambientalmente robusto”.

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