La regulación de la actividad económica tal vez sea actualmente uno de los temas más complejos en la relación entre el Estado y el sector privado, y tiene impacto significativo en la efectividad de las políticas públicas, en la inversión, la productividad y el ánimo empresarial entre otros aspectos con efectos en el crecimiento y la competitividad.

Por una parte, la regulación persigue introducir incentivos y normas que permitan alinear el interés empresarial y el interés social, ante imperfecciones en distintos aspectos de los mercados, y que pueden inducir efectos indeseados en múltiples ámbitos, incluyendo entre ellos materias de competencia, medio ambiente, salud, seguridad, y otros, y con consecuencias para múltiples actores, incluyendo trabajadores, consumidores, proveedores y otros stakeholders.

La regulación debe cumplir su objetivo, cuál es alinear el interés empresarial y el bien comun, en forma efectiva pero también eficiente, evitando la introducción de barreras infranqueables que impidan la inversión y el crecimiento, sino potenciando procesos virtuosos de desarrollo.

En Chile se ha observado un aumento de las dificultades que enfrenta la inversión para materializarse, en parte debido a procesos regulatorios que han agregado barreras, y también las dificultades que enfrentan las empresas en su operación, por la complejidad de las normas que deben ser observadas, y de los procesos administrativos a través de los cuáles el Estado asegura el cumplimiento de ellas.

Surge la pregunta de si la institucionalidad y la gestión regulatoria actuales responden a los principios de efectividad, eficiencia, predictividad y transparencia necesarios para acercarnos al desarrollo y no alejarnos de él. Y cuáles son los desafíos que enfrentamos para lograr una relación virtuosa entre regulación y crecimiento.

Este foro del Círculo Empresa y Sociedad de ICARE nos convoca a preguntarnos qué condiciones deben reunir hoy y en el futuro las instituciones regulatorias y su gestión, a nivel general y sectorial, de modo de asegurar que se logran controlar los efectos y externalidades negativos de la actividad empresarial, sin impedir su dinamismo ni amenazar la productividad global de la economía.