En Chile, la tramitación de una desaladora demora 12 años.
De manera similar, la evaluación de un proyecto minero tarda alrededor de una década. Y, una planta fotovoltaica, cuatro años.
Los extensos periodos de gestión de los permisos sectoriales, sumado a la dispersión de los organismos evaluadores, impactan en la recaudación de impuestos.
De hecho, si el plazo de evaluación de diez años se acortara a cinco, el fisco percibiría USD 320 millones por cada USD 1.000 millones de inversión, según lo expuesto en el encuentro “Permisología: Cómo allanar el camino a la inversión”.
Esta actividad realizada el 6 de julio fue organizada por el Círculo de Empresa y Sociedad de ICARE y conducida por Lorenzo Gazmuri, Past President de ICARE y presidente del Círculo.
En ella, la siguiente interrogante orientó la conversación:
¿Cómo optimizar los permisos sectoriales y cumplir con los estándares nacionales e internacionales?
En primer lugar, el ministro detalló el proyecto que está realizando la cartera para generar un sistema de interoperabilidad entre 12 ministerios y 40 servicios estatales.
A continuación, un destacado panel de representantes de la industria compartió su visión al respecto.
Nicolás Grau — Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile.
Clara Bowman — Gerente General de HIF Global.
Claudio Seebach — Presidente Ejecutivo de Generadoras de Chile.
Paulina Riquelme — Socia de Eelaw Medio Ambiente y Energía.
Ignacio Briones — Ex Ministro de Hacienda y Presidente del Centro de Estudios Horizontal.
