“La reorganización y apertura de la economía permitió alcanzar un crecimiento sostenido y vitalizó el aparato productivo. Esto produjo mayor bienestar y la consolidación de una clase media más amplia y diversa, con mayor acceso a bienes y servicios. No obstante, Chile aún tiene grandes y profundos problemas por delante, como desigualdades, delincuencia, salud, corrupción, educación, sueldos, empleo y pobreza”, es el análisis realizado por el Grupo de Políticas Públicas de ICARE (GPP), para definir cómo diseñar y ejecutar buenas políticas públicas y cómo lograr que la institucionalidad en nuestro país funcione con validez y reconocimiento público.

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Este documento —publicado el 12 de mayo— fue elaborado por:

  • Vivianne Blanlot, vicepresidenta de ICARE. Directora de empresas
  • Fernando Coloma, profesor Titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile
  • Verónica Edwards, directora de ICARE. Directora de empresas
  • Hernán Hochschild, director Ejecutivo de Elige Educar
  • Jorge Marshall, presidente de Camport
  • Guillermo Martínez, Socio de PrimAmérica Consultores
  • P. Agustín Moreira SJ, Administrador Provincial de la Compañía de Jesús
  • Francisco Silva, director de ICARE. Presidente Grupo Security
  • Juan Sutil, presidente de Empresas Sutil
  • Guillermo Tagle, Past President de ICARE. Presidente de Credicorp Capital Chile S.A
  • Katia Trusich, Gerente de Asuntos Corporativos Grupo CGE
  • Manuel Vargas, Director Ejecutivo de ICARE

Diagnóstico: Chile vive una situación compleja

Para el GPP hoy el país vive en una situación compleja, ya que “del nuevo escenario económico mundial de desaceleración, el programa de reformas y una serie de casos de alta resonancia pública de relación dinero y política, resultaron un creciente y generalizado deterioro de la confianza pública; y un nivel de rechazo sin precedentes al gobierno, a los políticos, al sector empresarial y a la mayor parte de las instituciones y los actores sociales”.

“El diseño y ejecución de políticas públicas de buena calidad es un imperativo ético ineludible, porque éstas tienen un gran impacto en la vida de las personas y familias” — Grupo de Políticas Públicas de ICARE

En esa línea, el GPP sostiene que “la conjunción de estas circunstancias se ha traducido, en lo económico, en deterioro de las expectativas de empresas y consumidores, menor inversión y deterioro del crecimiento y de la calidad de los empleos. En lo social, en una amplia sensación de incertidumbre, malestar y efervescencia ciudadana. En lo político, en un clima de polarización y dificultades para dar la gobernabilidad que el país requiere”.

“Chile ha perdido competitividad, las perspectivas de crecimiento son bajas y se ha deteriorado de manera alarmante la confianza hacia el mundo público y privado”, agrega el documento

“No da lo mismo tener Políticas Públicas de buena o mala calidad”

El GPP asegura que la actual ejecución y gestión de las políticas públicas en muchas materias es deficiente. Sin embargo, “el diseño y ejecución de políticas públicas de buena calidad es un imperativo ético ineludible, porque éstas tienen un gran impacto en la vida de las personas y familias. Por la misma razón, también se debiera generar conciencia entre la ciudadanía de que no da lo mismo tener Políticas Públicas de buena o mala calidad y, a la vez, fomentar los mecanismos institucionales que promuevan una alta calidad y eficacia”, expresa el grupo de trabajo de ICARE.

En esa línea, el GPP establece una serie de requisitos básicos para generar y ejecutar políticas públicas de buena calidad, las cuales dejamos íntegras para su lectura:

“En primer lugar, las políticas públicas deben concentrarse donde están los problemas de las personas, con una preocupación especial por los grupos más débiles. Esto pasa por entender lo que la sociedad quiere, lo que es más difícil si existe un alto grado de desacuerdo y polarización.

En segundo lugar, también se debe considerar un sistema para incluir la participación de la sociedad civil organizada en el diseño de políticas, lo que requiere organizar adecuadamente un debate amplio, pensante y profundo, previo a las propuestas y generar instancias posteriores que canalicen la participación de la sociedad civil en todo el proceso de generación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas.

En tercer lugar, se requiere un sistema explícito de decisión que incluya exigencias analíticas, y un proceso explicitado y obligatorio de aprobación en el Ejecutivo. Además de análisis de objetivos, efectos, beneficios y costos, este proceso debe incluir, entre otros, el examen de su impacto en las finanzas públicas, en el crecimiento, el empleo y la productividad.

En cuarto lugar, se deben considerar las características que deben tener hoy los órganos del Estado para el buen diseño e implementación de políticas públicas. Las políticas públicas se ven amenazadas por la corrupción y la ineficacia. Una estructura organizativa y de toma de decisiones centralizada, unipersonal y discrecional representa un alto peligro para la probidad. Existe la necesidad de cuerpos colegiados y consejos de expertos que acompañen el proceso de decisiones.

En quinto lugar, es necesario incluir mecanismos de evaluación y seguimiento. Las políticas públicas deben considerar en su diseño la definición de instrumentos para su evaluación. Estos mecanismos debieran tener validación técnica y social; ser aplicados periódicamente en forma rigurosa y con difusión pública de sus resultados para permitir una mejora continua de estas políticas. Esta práctica debiera extenderse a las diferentes instancias públicas y privadas que participan en la gestión de las políticas”.

Asimismo, el GPP sostiene que “se requiere trabajar a lo menos en dos ámbitos: en el de la difusión, participación y escrutinio público y en el ámbito de potenciar la rigurosidad de los mecanismos institucionales del proceso de diseño, decisión, ejecución y evaluación de políticas que determinan la calidad y sustentabilidad de las Políticas Públicas”.

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